Motivo de adjudicación
Se adjudica el contrato a la empresa mejor valorada conforme a los criterios calidad y precio establecidos en el PCPA, mediante Orden número 12 de 19 de enero de 2023 del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la que se adjudica digital del gobierno de Canarias, sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con financiación “Next Generation” con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo resolutivo establece lo siguiente:
Primero.- Proceder al ajuste contable de las anualidades del expediente de contratación y adjudicar a la licitadora UTE Hiberus-Codebay (pendiente de constitución), el contrato administrativo del servicio de diseño e implantación de la nueva presencia e interacción digital del gobierno de Canarias, sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con financiación “Next Generation” con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)., por el importe de su proposición económica, que asciende a la cantidad a novecientos seis mil setecientos ochenta y cinco euros con cinco céntimos (906.785,05 €), I.G.I.C. no incluido, distribuida en las siguientes anualidades:
Anualidad Importe IGIC Importe con IGIC
2023 730.088,79 euros 51.106,21 euros 781.195,00 euros
2024 176.696,26 euros 12.368,74 euros 189.065,00 euros
Total 906.785,05 euros 63.474,95 euros 970.260,00 euros
Segundo.- Notificar la presente Orden a la adjudicataria, a las restantes empresas que han participado en el procedimiento, así como ordenar su publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Contra esta Orden podrá interponerse, potestativamente, recurso especial conforme al artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español tras las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de diez días naturales establecido en el artículo 58. 1 letra a) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, significándose que, de presentar recurso especial, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letras k) y l), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
